Memoria selectiva y el falso relato de la soberanía

Las tierras que se defienden en el Senado pero se regalan en las provincias

Por Dr. Maximiliano Esteban Ibarra Guevara | Lectura Política | Jueves 6 de agosto de 2026

El debate parlamentario sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ha vuelto a desnudar la enorme hipocresía que carcome a una parte de nuestra dirigencia política.

Escuchar al senador chaqueño Jorge Capitanich rasgarse las vestiduras en el recinto, alertando con tono mesiánico sobre “la entrega de los recursos estratégicos” y los peligros de la “extranjerización”, sería un acto conmovedor si no fuera porque proviene de uno de los máximos exponentes del oportunismo político de nuestra era.

Quienes defendemos con convicción y coherencia jurídica el patrimonio nacional y la soberanía de nuestras tierras no podemos menos que sentir indignación ante semejante ejercicio de memoria selectiva.

El mismo dirigente que hoy se erige como el gran guardián de la Patria contra el capital foráneo es quien gobernó una de las provincias más castigadas por la entrega discrecional del suelo público.

Desde la oposición local se lo recordó con dureza esta misma semana: Capitanich nunca explicó de manera transparente el destino y la adjudicación de miles de hectáreas de tierras fiscales chaqueñas ligadas a polémicos caudillos de su espacio, como el clan de Tito López.

Es fácil sobreactuar nacionalismo frente a los micrófonos del Congreso cuando en los feudos provinciales se administró el territorio como si fuera un loteo propio.

El debate técnico, a pesar de los relatos

Haciendo a un lado la catadura moral del personaje, el proyecto que impulsa la Casa Rosada exige una disección rigurosa y libre de relatos.

La decisión del oficialismo de retirar a último momento el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales demuestra que la presión federal es real.

Modificar los límites vigentes de la Ley 26.737 —que establece un límite del 15% a la titularidad extranjera a escala nacional, provincial y municipal— era un error estratégico.

El mapa real de la Argentina nos advierte que departamentos como San Carlos y Molinos, en Salta, o General Lamadrid, en La Rioja, ya superan el 50% de sus suelos bajo control foráneo.

En un contexto internacional marcado por la disputa global por el agua dulce y los minerales de transición, ceder el control del suelo de frontera es, lisa y llanamente, una irresponsabilidad.

Sin embargo, el peligro de la ley en debate no se extinguió con la retirada de ese artículo.

Las reformas que aún se sostienen en el texto sobre la Ley de Manejo del Fuego siguen siendo alarmantes.

Eliminar la prohibición de 30 años para el cambio de uso del suelo en áreas agropecuarias, praderas y pastizales arrasados por el fuego abre una compuerta directa a la especulación inmobiliaria y comercial posterior a las catástrofes ambientales.

Quienes defendemos el patrimonio nacional entendemos que la propiedad privada debe ser inviolable para el ciudadano honesto, pero no puede transformarse en una herramienta que premie el desmonte o el incendio intencional.

Soberanía sin doble discurso

Garantizar la seguridad jurídica absoluta y atraer inversiones genuinas que dinamicen los agronegocios y las economías regionales son metas económicas válidas y urgentes.

Sin embargo, no se puede construir certidumbre jurídica desprotegiendo el patrimonio ecológico o atando de manos al Estado para declarar utilidades públicas en expropiaciones estratégicas.

La soberanía territorial argentina y la riqueza de nuestros recursos naturales deben blindarse mediante leyes técnicas de carácter federal, protegiéndolas tanto de la desregulación extrema que pretende el mercado como del cinismo de aquellos políticos oportunistas que en Buenos Aires votan como patriotas, pero en sus provincias gestionaron como liquidadores.

GENTILEZA: Nota del Dr. Maximiliano Esteban Ibarra Guevara.