MÁXIMO KIRCHNER: UNA CÁMARA, UNA PATENTE Y DEMASIADAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Por Santiago Blas – Lectura Política

Lo ocurrido con Máximo Kirchner en San Luis no debería analizarse desde la simpatía o el rechazo que genere su apellido. Tampoco corresponde decir que circulaba en un vehículo robado, porque no es verdad. Lo que ocurrió es bastante más complejo y, precisamente por eso, merece ser explicado.

El miércoles 30 de septiembre, pasadas las 14, Máximo Kirchner viajaba rumbo a San Juan conduciendo un Honda CR-V modelo 2007, dominio GWR-194. Al ingresar a San Luis por Justo Daract, en el kilómetro 652 de la Autopista de las Serranías Puntanas, un sistema de lectura de patentes detectó el dominio. No hubo, según la información conocida hasta ahora, una persecución policial previa ni un patrullero que reconociera a Máximo y decidiera detenerlo. Hubo una cámara, una patente y una alerta informática.

El Anillo Digital detectó el vehículo y la consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales —SIFCOP— indicó que sobre ese dominio existía un requerimiento judicial. La Policía de San Luis actuó y Máximo quedó demorado. ¿De dónde provenía esa orden? De la causa Hotesur, expediente 11.352/2014. El antecedente se remonta al 28 de febrero de 2019, cuando el juez federal Julián Ercolini dispuso el secuestro de una serie de vehículos vinculados con personas y sociedades investigadas en aquella causa.

Hasta aquí podría pensarse que estamos simplemente ante un sistema tecnológico que hizo su trabajo: leyó una patente, encontró una coincidencia y generó una alerta. Pero entonces comienzan las preguntas.

Máximo Kirchner sostiene que utiliza habitualmente ese mismo Honda desde hace años. Afirma que circuló con él por la Ciudad de Buenos Aires, autopistas bonaerenses y que recientemente viajó incluso a La Rioja y Mar del Plata sin inconvenientes. Si esto es así, aparece una primera incógnita elemental: ¿cómo puede un vehículo supuestamente requerido judicialmente desde 2019 circular durante años por rutas y autopistas atravesadas por cámaras y controles sin que nadie lo intercepte?

Hay solamente algunas posibilidades: que esos sistemas no hayan consultado la misma base; que la alerta no estuviera operativa anteriormente; que el pedido haya sido incorporado o actualizado posteriormente; o que exista alguna otra explicación administrativa o judicial que todavía desconocemos. Por eso sería irresponsable elegir una respuesta sin documentación.

Pero hay más. Apenas un día antes, el martes 29 de septiembre, también en San Luis, fue detectada otra camioneta vinculada con la misma causa Hotesur: una RAM 2500 Laramie 4x4. Según la información policial difundida, había ingresado a la provincia durante la noche del domingo 27 y las lectoras de dominio instaladas en Santa Rosa del Conlara generaron la alerta. Finalmente fue interceptada en un puesto de control de Los Molles.

Dos vehículos relacionados con el mismo expediente judicial, detectados en la misma provincia con aproximadamente 24 horas de diferencia. Puede ser perfectamente consecuencia de que San Luis posee un sistema de lectores de patentes particularmente activo. De hecho, la provincia informó que dispone de 173 cámaras lectoras capaces de realizar alrededor de 420 mil lecturas diarias. Pero la coincidencia merece ser explicada, no ocultada.

Y existe otro dato todavía más importante. Después de casi dos horas de demora, la Justicia permitió que Máximo Kirchner continuara viajando en el mismo Honda. El presidente del Tribunal Oral Federal Nº5, José Michilini, dispuso que el vehículo le fuera restituido en carácter de depositario judicial, estableciendo que deberá presentarlo ante el tribunal dentro de los próximos 30 días.

Esto significa algo concreto: no estamos frente a la historia simplificada de “Máximo Kirchner detenido conduciendo un auto robado”. Esa descripción sería falsa. Estamos frente a un vehículo relacionado con una medida judicial originada en 2019, detectado siete años después por un sistema automático, retenido durante aproximadamente dos horas y finalmente entregado nuevamente a su propio conductor bajo una figura judicial.

Entonces aparece la pregunta central: ¿qué situación jurídica tenía exactamente el Honda GWR-194 a las 14 horas del 30 de septiembre de 2026?

No alcanza con saber qué decía una base informática. Hay que conocer qué decía el expediente judicial. Si la orden de secuestro permanecía jurídicamente vigente, la actuación inicial de la Policía tendría una explicación sencilla: recibió una alerta y debía actuar. Pero si existió posteriormente alguna resolución que levantó, modificó o dejó sin efecto aquella medida y esa información nunca fue actualizada en el SIFCOP, entonces estamos ante un problema institucional que merece una investigación.

Y existe una tercera posibilidad todavía más delicada: que la situación de ese dominio dentro del sistema haya cambiado recientemente. Si así hubiera ocurrido, habría que establecer quién produjo esa modificación, cuándo, mediante qué oficio y por orden de qué autoridad. No estamos afirmando que haya ocurrido. Estamos diciendo que debe investigarse.

Porque la tecnología deja rastros. Debe poder determinarse cuándo ingresó GWR-194 al sistema, qué autoridad cargó el requerimiento, qué número de oficio lo respaldaba, qué modificaciones posteriores recibió esa alerta y qué organismo tenía la responsabilidad de actualizarla o eliminarla. También debería poder establecerse la hora exacta en que la cámara leyó la patente, cuándo se generó la alerta, qué dependencia la recibió y quién tomó la decisión operativa de detener el vehículo. Esa trazabilidad permitiría terminar rápidamente con cualquier especulación.

Máximo Kirchner calificó públicamente lo sucedido como un intento de “disciplinamiento”. Es su interpretación política del episodio. Pero una investigación periodística no puede detenerse ni en esa acusación ni en la explicación oficial. Hay que mirar los registros.

Porque acá existe una pregunta mucho más profunda que trasciende a Máximo Kirchner. Si el Estado posee una red capaz de leer millones de patentes, identificar vehículos y generar alertas en segundos, los ciudadanos también tienen derecho a saber quién alimenta esa información, quién la modifica, cuánto tiempo permanece activa y qué controles existen para impedir que una orden equivocada, desactualizada o inexistente termine provocando la detención de una persona.

Hoy ocurrió con uno de los dirigentes políticos más conocidos de la Argentina. Mañana podría ocurrir con cualquiera.

Por eso desde Lectura Política no afirmamos todavía que Máximo Kirchner haya sido víctima de una persecución política. No tenemos elementos suficientes para sostenerlo. Pero tampoco aceptamos que las preguntas desaparezcan detrás de la frase cómoda de que “saltó una cámara”.

La cámara solamente leyó una patente. Alguien cargó la información que hizo saltar esa cámara.

Y lo que ahora corresponde conocer es extremadamente sencillo: quién, cuándo, por qué y bajo qué orden judicial.

Cuando aparezcan esas cuatro respuestas podremos saber si el 30 de septiembre en San Luis funcionó correctamente un sistema de seguridad o si detrás de una computadora quedó escondida una historia bastante más grave.