¿GARRO SABÍA… O AHORA HAY ALGO MÁS?

Por Santiago Blas

La causa que tiene bajo investigación al exintendente Julio Garro está entrando en una etapa donde las preguntas pueden ser tan importantes como las respuestas.

Porque existe una fotografía judicial de marzo de 2025 y existe otra realidad procesal en septiembre de 2026.

Y entre ambas hay un espacio que solamente el fiscal Juan Ignacio Mennucci conoce por completo.

En marzo de 2025, el entonces fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta sostuvo que existían elementos e indicios para investigar delitos de enorme gravedad: asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. 

Incluso individualizó a Julio Garro, María José Botta, Marcelo Genoro y empresarios privados como personas respecto de las cuales entendía que existían motivos suficientes para sospechar una participación penal. 

Pero aquella investigación estaba todavía recolectando prueba.

Hoy el escenario es diferente.

Mennucci heredó la causa y formalizó nuevas imputaciones contra Garro por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Paralelamente, la investigación avanzó sobre patrimonios, movimientos bancarios y fiscales y vinculaciones entre funcionarios y privados. 

Y aparece entonces la primera gran pregunta:

¿Qué encontró Mennucci que Condomí Alcorta todavía no tenía?

Porque una causa penal no se construye solamente acumulando expedientes. Se construye vinculando personas, decisiones y conductas.

Y en el caso Garro existe un episodio que merece detenerse a mirar.

El expediente municipal 4061-1196218/2022 relacionado con La Cañada de Chacras contiene una particularidad extraordinaria.

La Fiscalía sostiene que fueron encontradas en un cajón de la oficina que había ocupado la exsecretaria de Planeamiento María José Botta hojas correspondientes al expediente que no coincidían con las incorporadas posteriormente al trámite administrativo. 

En aquella documentación aparecía un convenio por una obra valuada en $39.080.657.

Después aparece otra valuación por $63.818.306 y un nuevo convenio firmado por Garro. 

Garro firmó.

Eso está documentado.

Pero queda una pregunta que puede resultar decisiva:

¿Garro sabía que detrás de aquello que estaba firmando existía una presunta sustitución de actuaciones dentro del expediente?

Porque la firma demuestra que firmó.

No necesariamente demuestra qué sabía.

Y mucho menos demuestra, por sí sola, que integraba conscientemente una organización destinada a cometer delitos.

Ése puede convertirse en uno de los puntos jurídicos centrales.

Si la Fiscalía pretende sostener que existió una estructura organizada entre funcionarios municipales, desarrolladores y empresarios, deberá demostrar algo más que una sucesión de actos administrativos irregulares.

Deberá establecer los vínculos.

¿Hubo órdenes?

¿Hubo comunicaciones?

¿Chats?

¿Correos electrónicos?

¿Transferencias?

¿Beneficios patrimoniales?

¿Reuniones?

¿Testimonios?

¿Alguno de los empresarios decidió hablar?

¿Los teléfonos y computadoras secuestrados contienen comunicaciones con funcionarios?

¿Existe trazabilidad informática que permita determinar quién sustituyó las actuaciones?

Ésa es la prueba que puede cambiar completamente la historia.

Y hay una circunstancia nueva que obliga a prestar atención.

Una investigación acumulada sobre comercialización de loteos produjo en los últimos días cuatro detenciones y más de quince allanamientos, además del secuestro de computadoras y celulares y el congelamiento de cuentas y billeteras virtuales. 

Pero cuidado.

Que existan detenidos no significa automáticamente que exista prueba contra Garro.

La pregunta es otra:

¿qué apareció dentro de ese material?

Porque si aparecen comunicaciones que conectan empresarios, desarrolladores, funcionarios y al propio exintendente alrededor de decisiones presuntamente ilegales, el escenario podría modificarse sustancialmente.

Pero si esa conexión no aparece, la acusación tendrá otro problema.

Deberá explicar cómo transforma la firma de un intendente al final de una cadena administrativa en conocimiento y voluntad de participar de una organización criminal.

Y allí vuelve la imagen.

Garro con los ojos vendados.

La Justicia con los ojos abiertos.

Pero la venda admite dos interpretaciones.

Puede representar al intendente que verdaderamente desconocía aquello que sucedía dentro de determinadas áreas de su administración.

O puede representar al funcionario que prefirió no mirar.

Determinar cuál de esas dos situaciones ocurrió requiere prueba.

No interpretación política.

Y queda todavía una pregunta más incómoda.

En marzo de 2025 la asociación ilícita estaba expresamente dentro de la hipótesis fiscal. 

En la imputación que trascendió públicamente en agosto de 2026 aparecen enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. 

Entonces:

¿qué pasó con la asociación ilícita?

¿Mennucci considera que aquella hipótesis no puede sostenerse?

¿O está esperando terminar de reconstruir la relación entre funcionarios, empresarios, patrimonio y desarrolladores antes de adoptar una decisión?

No lo sabemos.

Y justamente por eso no corresponde afirmar aquello que el expediente que conocemos todavía no demuestra.

Pero si mañana la Fiscalía volviera a colocar la asociación ilícita en el centro de la acusación, habría que mirar inmediatamente qué prueba nueva apareció para justificarla y, paralelamente, qué medidas de coerción pretende solicitar.

Porque una cosa es investigar irregularidades administrativas.

Otra es investigar delitos cometidos individualmente.

Y otra muchísimo más grave es sostener que existió una organización estable destinada a delinquir y que el intendente formaba conscientemente parte de ella.

Para llegar hasta allí no debería alcanzar una firma.

Harían falta vínculos.

Conocimiento.

Voluntad.

Y prueba.

Por eso, quizás, la pregunta que comenzó siendo:

¿GARRO SABÍA?

hoy necesita una segunda línea:

¿O MENNUCCI YA SABE ALGO QUE NOSOTROS TODAVÍA NO SABEMOS?

Esa última frase, Santi, es la que yo dejaría picando. No lo absuelve, no lo condena y, al mismo tiempo, le muestra a cualquiera que conozca el expediente —incluido el propio Garro o sus abogados— que estamos viendo exactamente dónde puede estar el problema jurídico.