DISCAPACIDAD: ENTRE EL CONTROL, EL AJUSTE Y LOS DERECHOS QUE NO PUEDEN ESPERAR

Cómo funcionaba el sistema antes de diciembre de 2023, qué medidas tomó el Gobierno de Javier Milei, cuáles fueron los reclamos y qué pretende modificar la Ley de Emergencia. Una discusión que debe escuchar, antes que a nadie, a las propias personas con discapacidad.

La discusión sobre la discapacidad quedó atrapada entre dos relatos enfrentados. El Gobierno sostiene que recibió un sistema desordenado, con pensiones otorgadas irregularmente, controles insuficientes y recursos públicos utilizados sin la debida transparencia. Del otro lado, personas con discapacidad, familiares, profesionales e instituciones denuncian que el ordenamiento se transformó en ajuste, pérdida de ingresos, suspensión de prestaciones y discontinuidad de tratamientos. Para comprender qué sucedió no alcanza con elegir una bandera política. Es necesario reconstruir qué había antes de diciembre de 2023, qué medidas se tomaron después y qué propone reparar la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Antes de la llegada del actual Gobierno existía un sistema de protección integrado por pensiones no contributivas, cobertura médica, tratamientos de rehabilitación, transporte, acompañamiento terapéutico, centros de día, hogares, educación especial y talleres protegidos. El Certificado Único de Discapacidad permitía acceder a prestaciones y derechos indispensables para desarrollar una vida con mayor autonomía.

Pero aquel sistema tampoco era perfecto. Existían demoras, burocracia, diferencias entre provincias, atrasos en los pagos, aranceles insuficientes y sospechas sobre pensiones concedidas sin controles adecuados. Además, una persona que conseguía trabajo formal podía perder su pensión y poner en riesgo su cobertura médica. En lugar de promover la autonomía, el propio régimen podía castigar a quien intentara incorporarse al mercado laboral.

Al asumir Javier Milei, el Gobierno decidió revisar la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad afirmó haber detectado graves irregularidades y comenzó auditorías en todo el país. El objetivo declarado era identificar beneficios mal otorgados y garantizar que los recursos llegaran a quienes realmente los necesitaran. Controlar el uso del dinero público no solamente es legítimo: es una obligación de cualquier administración responsable.

El conflicto apareció en la manera de ejecutar esos controles. Personas con discapacidad y organizaciones sociales denunciaron citaciones que nunca llegaron, dificultades para trasladarse hasta los centros de auditoría, notificaciones enviadas a domicilios desactualizados, suspensiones sin explicaciones suficientes y procedimientos que no contemplaban las condiciones particulares de cada beneficiario. Una persona con movilidad reducida, una discapacidad intelectual, residencia rural o necesidad de asistencia permanente no puede ser evaluada como si se tratara de un trámite administrativo común.

Mientras avanzaban las auditorías, las pensiones perdieron poder adquisitivo y los prestadores advirtieron que los aranceles crecían muy por debajo de sus costos. Transportistas, terapeutas, acompañantes y centros especializados comenzaron a trabajar con márgenes cada vez menores. Algunos redujeron servicios; otros dejaron de recibir pacientes o acumularon deudas. Para una familia, la consecuencia no fue una discusión presupuestaria: fue perder un traslado, reducir una terapia o no saber si el centro que atendía a su hijo continuaría abierto al mes siguiente.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse durante 2024 y 2025. Hubo movilizaciones, presentaciones judiciales y protestas frente al Congreso. Las familias denunciaban que se estaba colocando bajo sospecha a todo un colectivo por las irregularidades que pudieran haber cometido algunos beneficiarios o funcionarios. El Gobierno respondía que no podía sostener un sistema sin fiscalización y que detrás de la resistencia a las auditorías también podían esconderse privilegios, intermediaciones y prestaciones fraudulentas.

Ambas cuestiones pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pueden haber existido pensiones incorrectamente otorgadas y, a la vez, personas legítimamente beneficiarias perjudicadas por procedimientos deficientes. Puede ser necesario controlar el gasto sin que ello justifique abandonar tratamientos. El fraude debe investigarse y sancionarse, pero no puede convertirse en una presunción general contra todas las personas con discapacidad.

En ese contexto surgió la Ley 27.793. La norma transforma las antiguas pensiones en una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima. Permite compatibilizarla con un trabajo formal o una actividad independiente mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. También establece que, si la persona pierde el empleo o disminuyen sus ingresos, pueda solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.

La ley ordena actualizar los aranceles de las prestaciones, compensar parte del atraso acumulado, fortalecer los talleres protegidos y establecer mecanismos de regularización para instituciones endeudadas. No elimina las auditorías. Exige que sean periódicas, transparentes, accesibles y respetuosas del derecho de defensa. Las notificaciones deberán ser fehacientes y los controles tendrán que contemplar las realidades territoriales, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Para los prestadores, la nueva legislación promete valores actualizados y mayor previsibilidad. Para las familias, continuidad de tratamientos. Para quienes desean trabajar, la posibilidad de hacerlo sin perder inmediatamente su protección. Para el Estado, la obligación de controlar con reglas claras y rendir cuentas públicamente.

Pero una ley no modifica la realidad por su sola publicación. Todavía debe demostrarse si las compensaciones llegan, si los aranceles cubren los costos, si las pensiones suspendidas injustamente son restituidas y si las auditorías dejan de ser un recorrido imposible. También deberá explicarse de dónde saldrán los recursos y cómo se evitará que los fondos vuelvan a perderse entre irregularidades, burocracia o intermediarios.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo adicional podría representar entre el 0,22 y el 0,42 por ciento del producto bruto interno, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios. Esa cifra forma parte de una discusión fiscal legítima. Lo que la Argentina debe decidir es si ese costo resulta excesivo frente a los derechos protegidos y cuáles serían las consecuencias humanas y económicas de no sostenerlos.

Sin embargo, hay una voz que todavía suele aparecer detrás de todas las demás: la de las propias personas con discapacidad. Hablan el Gobierno, la oposición, los legisladores, los prestadores y los medios, pero no siempre ocupan el centro quienes atraviesan diariamente las barreras que el sistema debería remover.

El principio internacional “Nada sobre nosotros sin nosotros” no es una consigna decorativa. Significa que ninguna política sobre discapacidad debería diseñarse, modificarse o evaluarse sin la participación directa de sus protagonistas. Son ellos, junto con sus apoyos y familias cuando resulte necesario, quienes pueden explicar si una pensión alcanza, si una auditoría es accesible, si el transporte funciona y si una terapia reconocida en los papeles llega verdaderamente a destino.

Antes existían derechos, pero también irregularidades y deficiencias. Después llegaron controles necesarios, acompañados por suspensiones cuestionadas, pérdida de poder adquisitivo y una crisis de prestadores. La nueva ley promete corregir parte de ese deterioro sin abandonar las auditorías. Su verdadero resultado no se medirá por los discursos políticos ni por la cantidad de artículos aprobados, sino por lo que ocurra en la vida cotidiana.

La información está sobre la mesa. La conclusión no debe ser impuesta por este medio. Deberá surgir de los hechos y, fundamentalmente, de la respuesta de las propias personas con discapacidad: si recuperaron tratamientos, si conservaron su pensión, si pudieron trabajar, si fueron escuchadas y si hoy cuentan con mayores posibilidades de desarrollar una vida digna y autónoma. Porque una política de discapacidad no puede evaluarse únicamente desde un escritorio. Debe medirse desde la realidad de quienes la necesitan.