29 TONELADAS DE CARNE: ¿QUIÉN PUEDE EXPLICAR DÓNDE TERMINA CADA KILO?

Por Santiago  Blas 

Hay números que escritos en un expediente parecen apenas números. Hasta que uno intenta imaginarlos. 29 toneladas son 29.000 kilos de productos cárnicos. Como referencia puramente gráfica, tomando una media res de 100 kilos, estamos hablando del volumen equivalente a unas 290 medias reses. No significa que se hayan comprado 290 medias reses ni que 29 toneladas hayan ingresado juntas a la Quinta de Olivos. La contratación alcanza a Casa Rosada y a la Residencia Presidencial y funciona bajo una modalidad que permite entregas sucesivas. Pero precisamente por eso aparece una pregunta elemental: ¿cuánto se compró efectivamente, cuánto se entregó, durante cuánto tiempo y para alimentar a cuántas personas?

No sabemos públicamente cuántos comensales son abastecidos diariamente por esta contratación. Y sin ese dato sería irresponsable dividir 29.000 kilos por una cantidad inventada de empleados. No vamos a hacerlo. Queremos conocer el número verdadero.

Porque tampoco parece razonable imaginar que cada trabajador de Casa Rosada u Olivos recibe enormes cantidades de carne diariamente. Entonces hay que conocer los menús, las raciones, los servicios prestados y el período de abastecimiento. Con esos cuatro datos la matemática se hace sola.

Pero ahora apareció algo bastante más serio.

La diputada nacional Marcela Pagano denunció una trama de relaciones entre personas vinculadas a la administración de Olivos y actividades privadas de catering. Según documentación difundida en el marco de esas acusaciones, Osvaldo Sosa —vinculado a la administración de la residencia— aparece en una póliza como personal de catering, mientras que la legisladora vinculó a Analía Agudiez con un emprendimiento gastronómico privado denominado “Pancitos Caseros”. Pagano pidió a la Justicia investigar, entre otras cuestiones, el origen de los insumos utilizados por ese emprendimiento. 

Acá debemos ser absolutamente claros: no existe hasta ahora una sentencia ni evidencia pública concluyente que permita afirmar que las 29 toneladas fueron desviadas a un catering privado. Esa es una hipótesis que forma parte de una denuncia y deberá probarse o descartarse. 

Pero desde el momento en que esa denuncia existe, la pregunta sobre la carne cambia completamente.

Ya no alcanza con preguntar cuánto se licitó.

Hay que preguntar quién entregó, quién recibió, quién almacenó, quién consumió y cuál fue el destino final de cada entrega.

Y aparece otro elemento fundamental: la cadena de frío.

Estamos hablando de productos perecederos. ¿En qué vehículos fueron transportados? ¿Cuántos kilos llevaba cada entrega? ¿A qué dependencia fueron? ¿Quién firmó los remitos? ¿A qué cámara frigorífica ingresaron? ¿Qué capacidad de almacenamiento poseen Olivos y Casa Rosada? ¿Existen registros de ingreso, conservación y egreso?

No estamos diciendo que se haya violado la cadena de frío.

Preguntamos cómo fue garantizada.

Porque la trazabilidad debería permitir reconstruir un camino muy sencillo:

PROVEEDOR → TRANSPORTE → REMITO → RECEPCIÓN → CÁMARA FRIGORÍFICA → COCINA → CONSUMO.

Si hubo 500 kilos, tienen que aparecer 500 kilos. Si hubo 5.000, tendrán que aparecer 5.000. Y si la mercadería fue distribuida entre Casa Rosada y Olivos mediante entregas parciales, deberá poder establecerse qué cantidad recibió cada lugar y cuándo.

Ahí aparece el punto que vuelve particularmente delicada la denuncia de Pagano: publicaciones recientes sostienen que personas relacionadas con el funcionamiento de Olivos aparecen también documentadas como participantes de servicios privados de catering. Incluso se informó sobre una póliza correspondiente a un evento realizado en GEBA en marzo de 2024 en la que figuraban personas vinculadas a la residencia como personal del servicio. 

Eso no prueba el desvío de un solo kilo de carne pública.

Pero justifica una pregunta enorme:

¿LOS INSUMOS DEL ESTADO Y LOS DEL NEGOCIO PRIVADO ESTUVIERON SIEMPRE PERFECTAMENTE SEPARADOS?

La respuesta no debería ser política. Debería ser documental.

Queremos conocer las órdenes de provisión, facturas, remitos, registros de ingreso, stock, menús, cantidad de comensales, movimientos de las cámaras frigoríficas y responsables de recepción.

Después hacemos las cuentas.

Porque quizás los números cierren perfectamente. Si es así, que se publiquen los documentos y se termina la discusión. Pero si los kilos entregados no encuentran correspondencia con los comensales, el almacenamiento y el consumo, entonces habrá que explicar dónde está la diferencia.

El Gobierno que hizo de la motosierra y la austeridad una bandera tiene una obligación adicional. Quien exige que cada argentino cuide cada peso no puede molestarse porque los argentinos quieran saber cómo se cuida cada peso del Estado.

No necesitamos condenar anticipadamente a nadie.

No necesitamos creerle a Pagano.

Tampoco necesitamos creerle al Gobierno.

Necesitamos contar los kilos.

¿Cuántos se compraron? ¿Cuántos llegaron? ¿Quién los recibió? ¿Dónde fueron almacenados? ¿Cuántas personas comieron? ¿Cuánto se consumió? ¿Y dónde terminó cada kilo?

Porque frente a 29 toneladas, una denuncia judicial y un catering privado mencionado en esa denuncia, existe una forma bastante sencilla de terminar con cualquier sospecha:

QUE APAREZCAN LOS REMITOS.

QUE APAREZCAN LOS REGISTROS.

**Y QUE CADA KILO TENGA DESTINO.**