ZONAS LIBERADAS Y REHENES POLÍTICOS: LA PROVINCIA DONDE EL MARKETING PREVALECE SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA

EDITORIAL: ZONAS LIBERADAS Y REHENES POLÍTICOS: LA PROVINCIA DONDE EL MARKETING PREVALECE SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Por: Dr. Maximiliano Ibarra Guevara

El colapso de la prevención y la falacia estadística:

La gestión de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis de legitimidad que ningún despliegue de saturación mediática puede contener. Mientras la conducción del Poder Ejecutivo Provincial —encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro del área, Javier Alonso— apela a la dialéctica discursiva y a la impugnación de las estadísticas delictivas para amortiguar el impacto de la crisis, la realidad fáctica en el territorio penaliza diariamente a la ciudadanía. La entrega de unidades móviles y la multiplicación de registros fotográficos oficiales no constituyen una política criminal integral; representan, en cambio, paliativos cosméticos ante la ausencia de un plan estratégico de prevención y persecución penal del delito.

La responsabilidad del Estado en sus distintos niveles —tanto provincial como municipal— es indelegable y no admite compartimentos estancos ni especulaciones de corte partidario. El diseño institucional actual expone una peligrosa fragmentación donde la coordinación operativa cede ante la conveniencia de la agenda electoral, dejando a la población como rehén de una disputa por competencias jurisdiccionales.

Necochea y la parálisis institucional frente al flagelo delictivo:

El escenario político de Necochea sintetiza de manera flagrante esta desconexión gubernamental. La decisión del intendente Arturo Rojas y su secretario de Gobierno, Jorge Martínez, de aplicar el veto total a la ordenanza que establecía el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana —un proyecto de articulación colectiva promovido por el concejal Marcelo Rivero desde el bloque Fuerza Patria— expone una preocupante miopía institucional. El argumento oficialista de la "superposición de funciones", defendido por la concejal Silvina Jensen, carece de sustento técnico en un contexto de vulnerabilidad social y delictiva.

Mientras el debate se empantana en tecnicismos administrativos, el territorio se desregula. El pasado lunes 5 de octubre a las 22:00 horas, en la calle 50 al 3000, una banda de cinco delincuentes organizados vulneró un domicilio particular, neutralizó los sistemas de vigilancia electrónica, maniató a dos menores de edad y a su cuidadora durante tres horas, y huyó con armamento y bienes tecnológicos. Este hecho, actualmente bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20, demuestra que la parálisis de la conducción política local se traduce, de forma directa, en territorio ganado por la delincuencia.

Femicidio en Mar del Plata: La negligencia sistémica del control penal:

El martes 6 de octubre, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en el epicentro de una tragedia que desnuda el quiebre del sistema de control de capturas y la ineficacia de los mecanismos de búsqueda judicial. El brutal femicidio de Rocío Aylén Núñez, de 27 años, ejecutado mediante un impacto de bala en el cuello en el barrio Las Heras, tiene como principal imputado a su expareja, José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años. El dato verdaderamente alarmante y de gravedad institucional extrema es que sobre el imputado pesaba una orden de detención activa y formal desde el 7 de agosto por homicidio agravado criminis causa, vinculada al asesinato de un comerciante en la avenida Fortunato de la Plaza al 9100.

A pesar de que el acusado se amparó en su derecho constitucional de negarse a declarar el jueves 8 de octubre, las preguntas esenciales apuntan a la flagrante mora del Estado: ¿Cómo circuló libremente por el espacio público un prófugo con este nivel de peligrosidad procesal y penal? La omisión o impericia en la ejecución de una manda judicial de captura no es un error administrativo; es una falla sistémica que costó una vida. Frente a esto, la respuesta del intendente Guillermo Montenegro se limita a la demanda de fuerzas federales como herramienta de desgaste hacia el gobierno provincial, mientras las comisiones legislativas locales desvían la atención pública debatiendo la criminalización de los cuida coches a instancias del concejal Eduardo Caballero.

Respuestas asimétricas: De la legítima defensa en La Matanza:

La ausencia de una política de prevención primaria empuja a los ciudadanos a situaciones de extrema vulnerabilidad y resolución límite, tal como quedó demostrado el jueves 1° de octubre en la localidad de Lomas del Millón, partido de La Matanza. Allí, Daniel Alfredo Tireni, de 61 años, fue víctima de una encerrona delictiva en la calle Sargento Cabral al 2300 por parte de una banda organizada que se desplazaba en un vehículo Volkswagen Surán. En su intento de evasión frente a una amenaza armada inminente, Tireni embistió a uno de los sospechosos, Ángel Nahuel Gilardoni (25), quien falleció posteriormente. Si bien el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión del cómplice, Franco Abadie (27), por tentativa de robo calificado, el intendente Fernando Espinoza ha optado por un estricto hermetismo comunicacional. Este silencio oficial busca evitar el debate público sobre la proliferación de zonas liberadas en el conurbano y la inviabilidad operativa de sus cuadrículas de patrullaje.

La devaluación del relato frente al imperativo de los resultados;

Los cuadros de conducción política de la provincia de Buenos Aires deben comprender que la seguridad pública no se gestiona mediante la confrontación retórica ni la manipulación de variables estadísticas. La ciudadanía no demanda diagnósticos de competencia ni deslindes de responsabilidad; exige certidumbre, imperio de la ley y operatividad. El control y la evaluación de las políticas criminales no pueden medirse por la cantidad de patrulleros exhibidos en actos oficiales o por el volumen de publicaciones en plataformas digitales. Un recurso logístico estático para la fotografía institucional representa un costo estéril frente a la demanda real de prevención.

La estabilización del orden público requiere una reforma estructural fundamentada en la profesionalización de los cuadros policiales, la asignación eficiente del presupuesto, la optimización de las bases de datos de antecedentes y un estricto control de gestión judicial y policial. El Estado debe proveer funcionarios idóneos capaces de asumir la conducción del área sin recurrir a la victimización ni al desvío de responsabilidades hacia otras órbitas gubernamentales.

La medida de la responsabilidad política ante la ciudadanía:

La problemática de la seguridad no es una categoría de análisis abstracto ni un elemento de negociación presupuestaria. Tiene repercusiones fácticas y humanas irreversibles que destruyen el tejido social de la provincia. Al Poder Ejecutivo Provincial, a la cartera de Seguridad y a los departamentos ejecutivos municipales les asiste una obligación legal y constitucional que no admite dilaciones. El ejercicio del poder público no constituye un privilegio corporativo; representa una carga pública orientada al bien común y a la protección de los derechos fundamentales de los habitantes.

La administración del miedo y la justificación burocrática del fracaso técnico ya no tienen margen de tolerancia entre los bonaerenses. El valor de la vida humana y la integridad de los ciudadanos no pueden subordinarse a la firma de un convenio de coordinación o a la resolución de una interna partidaria. Quienes asumen la representación popular y la jefatura de las agencias del Estado tienen el imperativo de demostrar idoneidad en la gestión de soluciones concretas. La igualdad ante la ley y la justicia social comienzan, necesariamente, por garantizar que la seguridad jurídica y física del hijo de un trabajador sea resguardada con el mismo rigor institucional y los mismos recursos que la del funcionario de más alta jerarquía en la provincia.

                         Siempre del lado del derecho, la justicia, la equidad, Dios, Patria y Familia, pero sin olvidar la justicia social.

Gentileza del Dr. Maximiliano Esteban IBARRA GUEVARA. -