¿Policías municipales o una nueva estructura de poder?

La Provincia de Buenos Aires se encuentra ante uno de los debates institucionales más importantes de los últimos años. Mientras la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los bonaerenses, el gobierno provincial impulsa una reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma sancionada en 1998 que regula el funcionamiento del sistema de seguridad de la provincia.

La explicación oficial sostiene que la ley quedó desactualizada y que es necesario adecuarla a una realidad que hoy ya existe: municipios que cuentan con centros de monitoreo, guardias urbanas, patrullas de prevención, tecnología, cámaras de seguridad y una participación cada vez mayor en la prevención del delito. El objetivo declarado es otorgar un marco legal a esas funciones y profundizar la coordinación entre la Provincia y los gobiernos locales.

Hasta allí, el planteo puede resultar razonable.

Sin embargo, cuando una reforma modifica el equilibrio del poder institucional, las preguntas deben ser mucho más profundas.

Hoy la Policía de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación extremadamente compleja. Son numerosos los reclamos por salarios que muchos efectivos consideran insuficientes, la incorporación de nuevos agentes enfrenta dificultades, existen cuestionamientos por la falta de equipamiento, por el estado de numerosos móviles policiales y por las limitaciones presupuestarias que afectan el funcionamiento cotidiano de la fuerza.

Entonces aparece la primera gran pregunta.

Si el problema central es que la Policía Bonaerense necesita más recursos, más personal, más capacitación y mejores condiciones de trabajo, ¿por qué la prioridad política parece ser modificar la estructura institucional antes que fortalecer la fuerza existente?

La reforma propone ampliar el protagonismo de los municipios en materia de seguridad. Eso podría traducirse en una mayor participación en la prevención del delito, en la coordinación del patrullaje, en el manejo de centros de monitoreo, en la utilización de tecnología, en la planificación territorial y en una relación mucho más estrecha con las estructuras policiales que actúan dentro de cada distrito.

Es decir, los intendentes pasarían a tener un papel mucho más importante que el actual en la organización de la seguridad local.

Y justamente allí comienza el verdadero debate.

Porque cuando se distribuye poder, también deben distribuirse controles.

La seguridad pública no es una política cualquiera. Involucra información sensible, cámaras de vigilancia, bases de datos, patrulleros, recursos humanos, procedimientos, estadísticas, decisiones operativas y una enorme capacidad de influencia sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Por eso la discusión no debería limitarse a preguntar si queremos o no policías municipales.

La discusión verdadera debería ser otra.

¿Quién designará a las autoridades de esas estructuras?

¿Quién podrá removerlas?

¿Quién administrará las cámaras de seguridad?

¿Quién controlará el acceso a las bases de datos?

¿Qué organismo independiente auditará que esa información no sea utilizada con fines políticos?

¿Qué mecanismos impedirán cualquier utilización partidaria de una herramienta que debe estar exclusivamente al servicio de la seguridad ciudadana?

También aparece otra pregunta inevitable.

Si la Provincia sostiene que atraviesa restricciones presupuestarias, ¿de dónde saldrán los recursos para sostener un nuevo esquema de funcionamiento?

¿Quién pagará el combustible, los móviles, el mantenimiento, la capacitación, la tecnología y el personal?

¿La reforma significará una inversión adicional o simplemente una redistribución de recursos que hoy ya resultan insuficientes?

Y si esos recursos existen, ¿por qué no comenzar fortaleciendo la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que hoy continúa siendo la columna vertebral del sistema de seguridad bonaerense?

La experiencia demuestra que toda concentración de poder necesita controles independientes. No alcanza con la buena voluntad de quienes gobiernan. Las instituciones deben diseñarse pensando también en los malos gobernantes, porque las leyes permanecen mucho más tiempo que los funcionarios de turno.

Por eso este debate merece mucho más que un tratamiento rápido.

Los bonaerenses tienen derecho a conocer exactamente qué funciones recibirán los municipios, cuáles continuarán bajo la órbita provincial y cuáles serán los límites de cada autoridad.

Porque una reforma de esta magnitud no puede aprobarse únicamente sobre la base de buenas intenciones.

Debe construirse sobre reglas claras, controles efectivos y transparencia absoluta.

Y antes de levantar la mano para aprobar una ley, la dirigencia política debería responder, una por una, las preguntas que hoy millones de ciudadanos comienzan a hacerse.

Porque cuando se modifica el sistema de seguridad de la provincia más grande del país, la discusión ya no pertenece solamente a la política.

Pertenece a toda la sociedad.