Provincia de Buenos Aires: Balas en las aulas, fusiles en los búnkers

Provincia de Buenos Aires: Balas en las aulas, fusiles en los búnkers

La realidad de la provincia de Buenos Aires ha fagocitado el análisis político tradicional. No asistimos a un pico estacional de inseguridad, sino a la desintegración flagrante del pacto social. Cuando el monopolio de la fuerza estatal se licúa ante el crimen organizado y las instituciones básicas son vulneradas, el debate ya no es presupuestario: es de supervivencia institucional. Sin vida y sin salud, no hay comunidad posible.

La degradación de la fuerza: El caso de Villa Monte Matadero

El trágico episodio ocurrido en el asentamiento de Quilmes, donde una joven de 27 años perdió la vida de un disparo en el rostro durante un enfrentamiento civil, devela un síntoma crítico: la anomia comunitaria. La destrucción total de un patrullero a manos de los vecinos y el bloqueo por la fuerza a los bomberos exponen el colapso de la autoridad en el territorio.

Sin embargo, el eje de gravedad técnico-jurídico se desplaza hacia la complicidad estructural. La detención en flagrancia de dos mujeres policías en actividad —de la fuerza bonaerense y de la Ciudad, respectivamente— bajo sospecha de prestar protección o disputar territorio narco de manera extraoficial, configura un escenario de gravedad institucional extrema. Aunque la justicia penal aún no haya fundado formalmente en el expediente este nexo de "zona liberada" o cobro de peaje criminal, el secreto a voces en el sur del Conurbano destruye la presunción de legitimidad del uniforme.

Poder de fuego .223: La Matanza en clave de conflicto armado

En González Catán, La Matanza, la mecánica criminal abandonó el delito común para adoptar tácticas de insurgencia criminal o sicariato organizado. El ataque a un búnker de estupefacientes que dejó un saldo de un muerto con diez impactos de bala y tres heridos con destrozos maxilofaciales graves no fue ejecutado con armas de puño ordinarias. Se utilizó un fusil de asalto calibre .223 Remington.

Desde una perspectiva técnico-legal, el uso de munición .223 clasifica formalmente las actuaciones bajo la órbita de armamento de guerra de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Sus propiedades balísticas —con velocidades ultrasónicas y una energía cinética que genera cavitación destructiva masiva en tejidos biológicos— perforan con absoluta facilidad los chalecos antibalas de dotación policial estándar. Que las pymes del narcotráfico operen con este nivel de logística armada sitúa a las fuerzas de seguridad de calle en una asimetría táctica inaceptable. Los delincuentes ya no le temen a la muerte, ni respetan el valor intrínseco de la vida humana.

La quiebra de las garantías constitucionales básicas

La crisis penal impacta de lleno en las dos órbitas básicas del bienestar ciudadano: salud y educación. En Lomas de Zamora, una persecución policial a alta velocidad culminó en el impacto de un móvil contra un vehículo particular, provocando la muerte culposa de un nene de dos años y medio. En La Matanza, en el interior del baño de una escuela secundaria, un menor de 17 años disparó un arma Bersa .22 e hirió de gravedad en el abdomen a un compañero de 18 años.

Jurídicamente, el aula escolar representa el espacio de máxima tutela y resguardo estatal. El ingreso de armas de fuego al sistema educativo regular rompe el último dique institucional. Si el Estado no puede garantizar que un menor asista a clases sin el riesgo de ser baleado en un recreo, o que transite la vía pública a salvo del propio despliegue operativo de la fuerza, las garantías de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional quedan reducidas a mera literatura jurídica. Hoy impera la ley de la jungla y el reproche de las bandas por sobre el derecho de los ciudadanos de bien.

Responsabilidad política: El deber de apartamiento

La recurrencia de delitos con alta planificación y logística, como la banda desbaratada en Los Hornos (La Plata) con escopetas recortadas y 31 teléfonos celulares destinados a asaltar estaciones de servicio, ratifica que el crimen opera como una corporación organizada. Ante esto, la respuesta de la dirigencia política no puede limitarse al reproche cruzado y partidario entre la gestión provincial y la órbita nacional por el recorte de partidas presupuestarias.

La vida y la integridad física constituyen la base piramidal sobre la cual se erige el pacto social; sin ellas, carece de sentido lógico hablar de institucionalidad o administración de la cosa pública. Por lo tanto, aquellos funcionarios con rangos ministeriales o ejecutivos que demuestren una manifiesta impericia técnica o pasividad política para resguardar la vida y la paz de sus ciudadanos pierden su idoneidad para el ejercicio del cargo. La permanencia en la función pública exige resultados, no excusas de barricada. Un Estado con dirigentes que no pelean por cuidar y respetar la vida en paz de sus ciudadanos no merece permanecer en sus cargos. Quienes no apliquen herramientas rigurosas para detener este avance delictivo deben ser removidos de sus funciones de forma urgente e independiente de su bandera partidaria.

Nota Gentileza Dr. Maximiliano Esteban Ibarra Guevara.