LA PROVINCIA SANGRA: ENTRE LOS GRAFICOS DE ALONSO Y EL 0800 CHORRO:

Por el Dr. Maximiliano Esteban Ibarra Guevara. 

El escenario político y social de la Provincia de Buenos Aires asiste a una preocupante constante en la gestión pública: la utilización de la asimetría estadística para disociar el relato oficial de la experiencia empírica de los ciudadanos. Al exhibir planillas de homicidios dolosos y catalogar los reclamos vecinales en el Conurbano como una "campaña de desinformación estratégica", el funcionariado del Ministerio de Seguridad no solo incurre en una falacia analítica, sino en una peligrosa mitomanía institucional.

LA TRAMPA DE LAS PLANILLAS Y LA CIFRA NEGRA DEL DELITO: 

Reducir la eficacia de una política de seguridad a la fluctuación selectiva de la tasa de homicidios constituye un reduccionismo técnico inadmisible. Lo que la conducción ministerial oculta deliberadamente tras sus gráficos de barras es la alarmante expansión de la cifra negra del delito: aquel universo de robos calificados, hurtos, entraderas y modalidades de flagrancia que azotan diariamente a localidades como El Palomar, Haedo o Castelar, y que ya ni siquiera ingresan al sistema formal porque la ciudadanía ha perdido la confianza en la capacidad de respuesta estatal.

Ministro Alonso: lo que usted despliega en televisión no es estadística; es el síndrome del funcionario que vive custodiado mientras le explica al bonaerense que camina a la parada del colectivo que el cañón de la pistola que le apoyaron en la cabeza es solo una "sensación amplificada por las redes". La seguridad pública no se mide únicamente en actas de defunción; se mide en el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas en el espacio público. Mientras usted dibuja números para las cámaras, el territorio se debate entre la mentira de sus planillas y la complicidad de un sistema que localmente financia el desamparo.

EL COLPASO DEL SISTEMA Y LA CONFESION TERRITORIAL EN MORON:

Esta desconexión doctrinaria quedó expuesta de forma brutal con la reciente filtración del audio del jefe de la Estación Departamental de Morón, el comisario mayor Omar Méndez. Su sincericidio ante la comunidad educativa del Colegio Emaús —“Acá en Morón no metemos preso a nadie”— no debe leerse como una negligencia aislada, sino como el diagnóstico crudo y sistémico de una fuerza de seguridad que se encuentra maniatada por un diseño procesal y político deficiente. El policía en el territorio opera bajo la frustración de la "puerta giratoria". Realiza la aprehensión en flagrancia arriesgando su integridad, para luego constatar que los criterios laxos de excarcelación de determinados juzgados de garantías devuelven al imputado a la misma esquina en cuestión de horas. La crisis de seguridad en la zona oeste no es una "sensación"; es el resultado de la fricción permanente entre una prevención policial desarticulada y un garantismo judicial malentendido que desprotege sistemáticamente a la víctima.

LAS PRIORIDADES INVERTIDAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL DESAMPARO:

La distorsión conceptual alcanza su punto álgido cuando se analiza la asignación de recursos públicos a nivel municipal. La catalogación social de ciertos programas comunales como un "0800 chorro" —una línea de asistencia legal y técnica orientada de manera casi exclusiva a garantizar los derechos procesales de las personas privadas de la libertad y sus familiares— sintetiza una profunda asimetría de amparo estatal. Mientras las partidas presupuestarias para la modernización tecnológica del patrullaje, el sostenimiento logístico de las cuadrículas y el fortalecimiento de las fuerzas civiles de baja letalidad se ejecutan a cuentagotas, las estructuras de contención al procesado gozan de blindaje ideológico y presupuestario. El Estado local termina financiando la simetría legal del victimario mientras la víctima de un robo a mano armada debe costear su propia recuperación psicológica y material.

DESMORALIZACION INSTITUCIONAL BAJO REGLAMENTOS MORDAZA:

El impacto más nocivo de la retórica ministerial no se dirime en los paneles de televisión, sino en la moral del personal policial. Exigir vocación de servicio, disciplina y apego a la ley a hombres y mujeres que perciben salarios desvalorizados, mientras sus superiores políticos minimizan el riesgo diario argumentando que "no se registraron homicidios en ocasión de robo", es de un cinismo institucional insostenible. Se vacía de autoridad a la fuerza, se la abandona a la hostilidad del territorio y se pretende silenciar su realidad mediante la aplicación de reglamentos mordaza. El uniforme policial no es un chaleco antibalas para el alma de los malos funcionarios, y el despacho de un ministerio no puede ser un búnker para esconderse de la realidad. La inseguridad no se soluciona apagando la cámara ni pidiendo que no se den las cifras. Los números no generan la inseguridad; la realidad sangrienta de nuestras calles es la que escribe esos números. Negar la realidad delictual mediante el dibujo de variables estadísticas es un mecanismo de defensa burocrático, pero jamás una política criminal. El relato oficial se pulveriza de inmediato cuando choca contra el portón violentado de una vivienda o la mirada desamparada de un ciudadano asaltado.

UN COMPROMISO IRRENUNCIABLE CON EL ESTADO DE DERECHO:

Callar no es una opción. Nuestra responsabilidad como analistas y profesionales del derecho no es aplaudir al funcionario de turno ni taparle las vergüenzas al poder. Nuestro compromiso es con el laburante que camina con miedo a la parada del colectivo, con el comerciante que atiende tras las rejas y con los padres que no duermen hasta que escuchan la llave de sus hijos en la puerta.

Ministro Alonso: dejen de perseguir periodistas y empiecen a perseguir a los delincuentes. La libre expresión va a seguir mostrando la verdad, con datos, con nombres y sin alineamientos partidarios. Porque preguntar es nuestro derecho, informar es nuestro deber, y la vida de los bonaerenses no se negocia en un llamado telefónico. Tener vocación de servicio hacia la verdad significa cuidar al ciudadano, pero también significa cuidar al camarada. Manténganse alertas, cuídense en la calle y que Dios proteja a cada efectivo de nuestra querida Policía. Porque cuando el lobo manda, el cordero nunca es libre; solo está esperando su turno.

Buenos Aires necesita volver a ser un lugar seguro para vivir, y para ello la voluntad política debe ir de la mano de las acciones concretas. Nuestra Argentina no está ajena a este ataque institucional; no permitamos que nadie la ponga en peligro. El momento de actuar es ahora. Siempre del lado del derecho, la justicia, la equidad, Dios, Patria y Familia, pero sin olvidar la justicia social.

NOTA GENTILEZA DR. MAXIMILIANO

ESTEBAN IBARRA GUEVARA."