CUANDO EL ESTADO PAGA TARDE, LOS QUE SUFREN SON LOS MÁS VULNERABLES

Por Santiago Blas – Lectura Política

Hay una realidad que la burocracia nunca termina de comprender: las cuentas no esperan.

Mientras en las oficinas públicas los expedientes cambian de escritorio, los acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios que trabajan para IOMA siguen esperando cobrar por tareas que ya realizaron. Según denuncian los propios trabajadores, todavía no percibieron los honorarios correspondientes a marzo y la facturación de abril continúa sin avances administrativos conocidos. Por eso volverán a movilizarse el próximo 1 de julio frente a la sede central de IOMA.

Pero detrás de los números existe algo mucho más grave.

No estamos hablando de proveedores de lujo ni de servicios accesorios. Estamos hablando de personas que acompañan a pacientes con discapacidad, adultos mayores, personas con padecimientos de salud mental y ciudadanos que necesitan asistencia permanente para poder desarrollar una vida digna.

Son trabajadores esenciales.

Y sin embargo, siguen siendo tratados como si fueran el último eslabón de la cadena.

Lo paradójico es que IOMA actualizó los valores de referencia para acompañantes terapéuticos y cuidadores durante 2026, reconociendo la necesidad de mejorar los aranceles. Sin embargo, para quienes prestan el servicio, el problema ya no pasa solamente por cuánto se paga, sino por cuándo se paga. Porque ningún aumento sirve si el dinero llega meses después.

La historia tampoco es nueva. Durante los últimos años se repitieron reclamos por atrasos, pagos demorados y dificultades administrativas. Las protestas de acompañantes terapéuticos frente a IOMA se han convertido en una postal recurrente de un sistema que parece no encontrar una solución definitiva.

Y aquí aparece una pregunta incómoda para las autoridades.

¿Cómo se sostiene un sistema de atención para personas vulnerables cuando quienes brindan el servicio deben esperar meses para cobrar?

Porque el problema ya dejó de ser laboral para transformarse en sanitario.

Cada atraso pone en riesgo la continuidad de tratamientos. Cada demora genera incertidumbre en familias que dependen de estos profesionales. Cada expediente frenado afecta directamente a pacientes que no pueden quedar librados a la suerte de los tiempos administrativos.

La política suele hablar de inclusión, discapacidad, salud mental y derechos adquiridos. Pero los derechos no se garantizan con discursos. Se garantizan pagando a quienes todos los días ponen el cuerpo para que esos derechos existan.

Resulta difícil hablar de un Estado presente cuando quienes cuidan a los más vulnerables deben movilizarse para cobrar lo que ya trabajaron.

Resulta difícil hablar de sensibilidad social cuando un acompañante terapéutico tiene que elegir entre seguir asistiendo a un paciente o resolver cómo llegar a fin de mes.

Y resulta imposible construir un sistema sanitario eficiente cuando la incertidumbre se convierte en una regla permanente.

El reclamo de los acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios no es un privilegio. No es una ventaja sectorial. No es una demanda corporativa.

Es el reclamo más elemental que puede existir en cualquier sociedad organizada: cobrar en tiempo y forma por el trabajo realizado.

Porque cuando el Estado se demora, no solo perjudica a un trabajador.

También abandona a quienes más necesitan ser acompañados.