COOPERATIVAS DE LA PLATA: EL PROBLEMA QUE NADIE ESTÁ MIRANDO

¿Quién administra las cooperativas y qué información reciben realmente sus asociados?

El conflicto por la falta de pago a trabajadores de cooperativas que prestan servicios para la Municipalidad de La Plata está adquiriendo una dimensión que excede ampliamente la discusión sobre cuánto y cuándo se cobra.

La pregunta que empieza a aparecer es otra:

¿Quién administra realmente las cooperativas y qué información tienen sus propios asociados sobre los convenios, los fondos que ingresan y los pagos que se realizan?

Porque hay una cuestión que no debería perderse de vista: quienes integran una cooperativa no son, en principio, simples trabajadores contratados desde afuera de la entidad. Son asociados de una organización que tiene autoridades, estatuto, órganos de administración, mecanismos de decisión y obligaciones de información y rendición.

Y justamente ahí aparece el punto que debería investigarse.

Si una cooperativa recibe fondos provenientes de convenios con el Estado municipal para realizar determinados trabajos, los asociados deberían poder conocer, dentro del marco legal correspondiente, qué convenio existe, qué monto se percibe, qué gastos tiene la entidad, cómo se distribuyen los recursos y cuál es la situación económica de la cooperativa.

No alcanza con decirle a una persona que trabaja todos los días:

«“Mañana cobramos”.»

Mucho menos si esa respuesta se repite durante semanas o meses.

Tampoco alcanza con que el asociado desconozca cuánto dinero ingresó a la cooperativa, qué obligaciones asumió la entidad o por qué determinados pagos no se realizan.

EL PROBLEMA PUEDE SER DE REPRESENTACIÓN

En este conflicto existe una discusión política alrededor del Municipio, de las organizaciones sociales y de las cooperativas.

Pero hay una dimensión que parece quedar relegada: la relación entre las autoridades de cada cooperativa y sus propios asociados.

¿Los asociados conocen los convenios que firma la entidad?

¿Conocen los montos?

¿Pueden acceder a los balances y estados contables?

¿Se realizan regularmente las asambleas?

¿Se informa a los socios sobre la situación económica?

¿Las autoridades explican qué dinero ingresó y qué dinero salió?

¿Existen actas de las decisiones tomadas?

¿Los asociados pueden conocer cuál es la deuda existente con ellos?

¿Quién negocia con el Municipio en nombre de la cooperativa?

Y una pregunta todavía más importante:

¿Los asociados participan efectivamente de las decisiones o solamente son convocados para trabajar?

Porque si una persona es presentada como integrante de una cooperativa cuando hay que distribuir el trabajo, pero no participa de las decisiones fundamentales de la entidad, existe una cuestión institucional que merece ser examinada.

SEGUIR LA RUTA DEL DINERO

La discusión tampoco debería limitarse a determinar si el Municipio paga o no paga.

Hay que reconstruir el circuito completo:

Municipalidad → convenio → cooperativa → ingresos → gastos → distribución → asociado.

En cada uno de esos puntos debe existir documentación.

Si el Municipio adeuda dinero, corresponde determinar cuánto y desde cuándo.

Si el Municipio pagó, hay que establecer cuándo, cuánto y a qué entidad.

Si la cooperativa recibió los fondos, hay que determinar qué destino tuvieron.

Y si existen deudas con los asociados, las autoridades deberían poder explicar formalmente cuál es la situación.

NO SE TRATA DE ATACAR A LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas no deberían convertirse en el chivo expiatorio de un conflicto que puede involucrar decisiones políticas, administrativas y de gestión.

Al contrario.

Defender a los cooperativistas también significa defender su derecho a saber.

Quienes ponen su trabajo todos los días deberían tener información clara sobre la institución de la que forman parte.

No se trata de acusar sin pruebas.

Se trata de pedir documentación.

Se trata de conocer quiénes son las autoridades.

Se trata de saber qué convenios existen.

Se trata de conocer cuánto dinero ingresó.

Se trata de determinar cuánto se gastó.

Y se trata de que los propios asociados puedan controlar democráticamente la organización que integran.

UNA INVESTIGACIÓN QUE DEBE HACERSE

El conflicto actual puede ser una oportunidad para abrir una investigación seria sobre el funcionamiento de las cooperativas vinculadas a los servicios municipales de La Plata.

No solamente para saber quién le debe a quién, sino para saber cómo funciona realmente el sistema.

Porque detrás de cada cooperativista que reclama su pago hay una persona que necesita cobrar por su trabajo.

Y detrás de cada cooperativa existen asociados que tienen derecho a conocer la situación de la entidad que integran.

La pregunta ya no debería ser solamente:

“¿Cuándo cobran los cooperativistas?”

La pregunta debería ser:

“¿Quién administra las cooperativas, qué acuerdos existen con el Estado y qué información reciben sus propios asociados?”

Y esa pregunta merece respuestas documentadas.