BAJO LA LUPA: CUANDO EL MORALISTA TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTAS

Hay políticos que hablan de límites éticos como si hubieran recibido de la sociedad un diploma de superioridad moral. El problema aparece cuando la lupa cambia de dirección y deja de apuntar hacia los adversarios para enfocarlos a ellos mismos.

Luis Juez acaba de invocar un supuesto “límite ético” para explicar sus decisiones políticas y justificar su posición frente a Sergio Massa y Javier Milei. Perfecto. En democracia, todos tenemos derecho a establecer límites. Pero hay una condición elemental: la misma vara que se utiliza para juzgar a los demás debe estar disponible para juzgar la propia conducta.

Y ahí comienza el problema.

En julio de 2024, durante una sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación, Juez dejó abierto su micrófono y se lo escuchó decir: “Excelente, pero una moneda le vamos a sacar”, luego de una votación vinculada con una sanción económica a un juez. El episodio fue público y el propio Juez posteriormente explicó que se refería precisamente a esa sanción y que la expresión había sido dirigida a sus asesores.

No corresponde transformar esa frase, por sí sola, en una acusación de corrupción. Pero tampoco corresponde fingir que nunca ocurrió.

Porque cuando un dirigente decide colocarse en el papel de fiscal de la moral ajena, cada palabra de su propio recorrido político adquiere una relevancia inevitable.

Y entonces la pregunta resulta incómoda, pero legítima:

¿Quién controla al que pretende controlar moralmente a los demás?

Porque resulta demasiado fácil señalar al adversario y decir “hasta acá llegué”. Lo verdaderamente difícil es mirar hacia atrás y preguntarse si uno mismo atravesó siempre esos límites que ahora pretende imponer como regla para toda la sociedad.

La ética política no puede funcionar como una frontera móvil: una línea para los otros y otra mucho más flexible para los propios.

Si Massa merece ser juzgado por sus actos, Juez también. Si Milei debe responder por sus decisiones, Juez también. Si Cristina debe explicar su historia política, Juez también. Y si cualquier dirigente pretende presentarse como referencia moral, también debe aceptar que su propia trayectoria sea puesta bajo examen público.

Eso no es persecución.

Eso se llama democracia.

Lo verdaderamente peligroso para la política argentina no es que existan dirigentes que tengan límites éticos. Lo peligroso es que algunos pretendan convertir sus límites personales en una especie de certificado de superioridad moral.

La política no funciona así.

Nadie obtiene inmunidad moral por denunciar al adversario.

Y mucho menos obtiene autoridad ética simplemente por pronunciar la palabra “ética”.

Porque la credibilidad no se declama frente a una cámara. Se construye durante años. Se pierde en segundos. Y después cuesta muchísimo recuperarla.

Por eso, antes de aceptar que Luis Juez se presente como árbitro de la moral pública, corresponde hacerle una pregunta sencilla:

¿Cuál es exactamente el límite ético que está dispuesto a aplicarse a sí mismo?

Porque si la respuesta es “el mismo que les aplico a los demás”, entonces no debería tener ningún problema con que la sociedad revise cada capítulo de su trayectoria bajo esa misma lupa.

Y ahí está la verdadera cuestión.

No se trata de defender a Massa.

No se trata de defender a Milei.

No se trata de defender a Cristina.

Se trata de defender una regla democrática elemental: nadie puede reclamar para sí el monopolio de la moral.

El ciudadano no necesita políticos que se proclamen puros. Necesita políticos que puedan soportar preguntas incómodas.

Y cuanto más fuerte sea el discurso moral, más fuerte debe ser el escrutinio.

Porque cuando alguien se presenta ante la sociedad como guardián de los límites éticos, tiene que estar preparado para que alguien le pregunte:

“¿Y los tuyos, Luis? ¿Dónde están los tuyos?”

Ese es el verdadero límite ético.

No el que se pronuncia contra el adversario.

El que uno es capaz de sostener cuando la lupa deja de mirar al frente y empieza a mirar hacia atrás.Esta versión pega más fuerte políticamente porque no intenta destruir a Juez con una acusación, sino que lo coloca en el lugar que más incomoda a cualquier dirigente que se presenta como referente moral: la obligación de someterse a la misma vara que utiliza contra los demás.