Francisco Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene que Cristina podría competir en una primaria.

Por Santiago Blas

La defensa fue a la ONU para intentar suspender su inhabilitación. Entre una condena firme, una interpretación jurídica inesperada y los tiempos electorales aparece una pregunta que parecía cerrada: ¿está definitivamente afuera de 2027?

Durante meses la discusión pareció terminada: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme y actualmente cumple prisión domiciliaria. Jurídicamente, hoy está inhabilitada. Hasta ahí no existe demasiado margen para la interpretación. Sin embargo, apareció un argumento que merece ser analizado no solamente por lo que dice, sino por quién lo formula. Francisco Javier Borrego Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exmagistrado del Tribunal Supremo español y actualmente integrante de la defensa internacional de Cristina, planteó una hipótesis inesperada: una elección primaria no constituye, según su interpretación, una elección para ejercer directamente un cargo público, sino una instancia preparatoria destinada a seleccionar candidatos. Y desde esa diferencia sostiene que Cristina podría intentar presentarse a una primaria.

No estamos diciendo que esto sea derecho establecido en la Argentina. No existe hoy una resolución de la Justicia Electoral que haya consagrado semejante interpretación. Pero tampoco estamos frente a una ocurrencia lanzada desde una tribuna partidaria. La plantea un jurista que integró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que estudió el expediente antes de incorporarse a la estrategia internacional de la defensa. La discusión jurídica aparece inmediatamente: una primaria no entrega un cargo público, pero también puede sostenerse que forma parte de un proceso electoral destinado precisamente a seleccionar candidatos para cargos públicos. Si Cristina intentara recorrer ese camino, seguramente la última palabra volvería a estar en los tribunales.

Pero detrás de la discusión sobre las PASO aparece una cuestión todavía más importante. Cristina llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su defensa pidió, entre otras medidas, la suspensión cautelar de la inhabilitación perpetua mientras se analiza el reclamo. Eso no significa que Naciones Unidas pueda borrar automáticamente una sentencia argentina. Sin embargo, existe otra pieza jurídica que comenzó a ingresar en la discusión: el artículo 366 inciso f del Código Procesal Penal Federal. La estrategia explicada por la defensa consiste en que, frente a una decisión internacional favorable en el caso concreto, podría intentar abrir ante la Justicia argentina una revisión de la condena firme. No existe automatismo. Una resolución internacional favorable no convertiría a Cristina, de un día para otro, en candidata. Habría que trasladar esa decisión al sistema judicial argentino, plantear la revisión correspondiente y eventualmente solicitar medidas capaces de suspender los efectos de la inhabilitación mientras se resuelve el fondo.

Y entonces aparece el verdadero adversario de toda esta estrategia: el tiempo. Una resolución internacional definitiva puede demorar años. Una revisión judicial argentina también puede consumir meses o años. Por eso la cuestión cautelar adquiere tanta importancia. Si la defensa consiguiera una medida internacional favorable, podría intentar utilizarla inmediatamente ante los tribunales argentinos para pedir la suspensión de la inhabilitación. Que los jueces argentinos la concedan es otra historia. Pero jurídicamente ya no estaríamos discutiendo simplemente una candidatura imposible, sino una batalla por conseguir una decisión provisional antes de que llegue el calendario electoral de 2027.

En ese escenario aparece además una paradoja política extraordinaria. Mientras Borrego plantea que una primaria podría constituir una puerta jurídicamente discutible para Cristina, el Gobierno impulsa la eliminación definitiva de las PASO. No existe prueba que permita relacionar una cuestión con la otra y sería irresponsable afirmarlo. Pero la coincidencia política merece ser observada: mientras una defensa internacional analiza las primarias como posible espacio para medir nuevamente el respaldo electoral de Cristina, el sistema político discute si esas mismas primarias deben continuar existiendo.

Borrego agregó una afirmación todavía más fuerte en el video. Al referirse al expediente sostuvo, en términos directos, que él no había encontrado en los papeles aquello que permitiría caracterizar a Cristina como “chorra”. Esa es la valoración del abogado y no reemplaza una sentencia firme de los tribunales argentinos. Pero tampoco deja de ser significativo que un exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de incorporarse a la defensa internacional y estudiar el caso, formule semejante cuestionamiento. Una democracia debería ser capaz de sostener simultáneamente dos principios: respetar una sentencia judicial firme y permitir que esa sentencia, sus fundamentos y el procedimiento que llevó hasta ella sean sometidos al más duro escrutinio público y jurídico.

Desde Lectura Política nuestra conclusión es mucho más sencilla. Hoy Cristina Fernández de Kirchner está inhabilitada. Esa es la realidad jurídica existente y desconocerla sería hacer propaganda en lugar de periodismo. Pero también sería equivocado afirmar que jurídicamente todo terminó. La defensa intenta construir un camino internacional, conseguir una decisión favorable, utilizar eventualmente el artículo 366 inciso f para buscar la revisión de la condena y, en paralelo, aparece una interpretación novedosa acerca de las primarias. Ninguna de esas puertas garantiza que Cristina pueda ser candidata. Todas dependen de decisiones judiciales que todavía no existen.

Por eso la pregunta correcta ya no es solamente “¿Cristina puede ser candidata?”. Hoy la respuesta es no. La verdadera pregunta es: ¿puede conseguir antes de 2027 una decisión jurídicamente eficaz que suspenda o modifique la inhabilitación que hoy se lo impide? Allí está la batalla. No en la tobillera, porque la tobillera controla su prisión domiciliaria. No simplemente en Naciones Unidas, porque una decisión internacional deberá producir consecuencias dentro del ordenamiento argentino. Y tampoco exclusivamente en las PASO, porque la interpretación de Borrego seguramente sería discutida ante la Justicia Electoral.

La batalla está en lograr que una puerta jurídica se abra antes de que cierre la puerta electoral. Y ese detalle cambia completamente la discusión. Cristina hoy está afuera de la competencia electoral, pero su defensa no considera terminada la pelea. Está buscando una llave internacional, una vía de revisión nacional y ahora incluso una interpretación sobre las primarias.

¿Funcionará? No lo sabemos. ¿La Justicia argentina lo aceptará? Tampoco. ¿Llegará una eventual resolución antes de las elecciones? Ese probablemente sea el interrogante decisivo. Pero después de escuchar a Borrego hay algo que Lectura Política considera intelectualmente deshonesto negar: la discusión jurídica sobre Cristina y 2027 está mucho más abierta de lo que parecía.

Porque una cosa es tener una puerta cerrada. Otra muy distinta es descubrir que alguien todavía está buscando la llave.